Reading - 28 de abril de 2015 - A petición de la senadora estatal Judy Schwank (D-Berks), el Comité de Política Demócrata del Senado ha celebrado hoy una mesa redonda sobre los retos laborales a los que se enfrentan las personas con antecedentes penales.
"Si bien reconocemos que las restricciones y prohibiciones razonables son apropiadas en algunos casos, debemos hacer todo lo posible para eliminar las barreras innecesarias que impiden a los ex delincuentes no violentos acceder al mercado laboral", dijo la senadora Lisa Boscola (D-Northampton), que preside el comité.
Schwank añadió: "Cuando se trata de delitos menores, poca gente cree que los errores pasados de una persona deban perseguirla implacablemente o coartar su capacidad de encontrar un trabajo decente para mantenerse a sí misma y a su familia. Este debate se centra en los problemas a los que se enfrentan tanto los ex delincuentes como los empresarios.
"Pedí que este debate del comité se celebrara en Reading para dar a los defensores y expertos locales la oportunidad de ampliar sus puntos de vista sobre este difícil asunto".
Schwank afirmó que los onerosos requisitos para la cancelación de antecedentes penales y otros impedimentos, como los controles previos a las entrevistas, han tenido consecuencias trágicas. Dijo que las barreras al empleo han provocado un aumento de las personas sin hogar, más delincuencia, reincidencia y han llevado a ciudades y estados de todo el país a gastar miles de millones en viviendas y otros servicios de apoyo para ex delincuentes que son perfectamente capaces y están dispuestos a trabajar.
"Aproximadamente una quinta parte de los hombres y mujeres en libertad condicional o bajo palabra corren el riesgo de volver a ser encarcelados, y muchos regresan a prisión en un plazo de tres años", señaló Schwank. "Estas personas necesitan un trabajo decente y un lugar donde vivir, o podrían caer trágicamente de nuevo en el sistema de justicia penal".
Varios legisladores han presentado proyectos de ley destinados a eliminar las barreras laborales, agilizar el proceso de cancelación de los antecedentes penales y prohibir a los empresarios la preselección de candidatos.
solicitantes de antecedentes penales. En la última sesión legislativa se aprobó por unanimidad en el Senado un proyecto de ley (Proyecto de Ley 391 del Senado) que habría reformado el proceso de cancelación de antecedentes penales, pero se estancó en la Cámara de Representantes.
"Con los costes de las prisiones devorando cada vez más dólares del presupuesto, no podemos permitirnos ignorar la tendencia creciente de la población carcelaria", dijo Schwank. "La población carcelaria de Pensilvania se ha cuadruplicado desde la década de 1980. Si pudiéramos ayudar a los ex delincuentes no violentos a ser contratados, podríamos ayudar a reducir los costes de los correccionales, reducir la delincuencia en nuestras comunidades y fortalecer nuestra economía poniendo a más gente a trabajar."
Peggy Kershner, codirectora ejecutiva de Berks Connections Pre-trial Services, dijo que su organización ayuda a eliminar las barreras laborales a las que se enfrentan los ex delincuentes. Dijo que gran parte del énfasis debe dirigirse a educar y animar a los empresarios a dar una segunda oportunidad a los ex delincuentes.
El empresario local Hamid Chaudhry recomendó que el gobierno estatal establezca una línea telefónica gratuita de apoyo a los empleadores en todo el estado. La abogada Janet Ginzberg, de los Servicios Jurídicos Comunitarios, pidió que se refuercen y aclaren las leyes estatales que regulan cuándo y cómo pueden utilizar los empleadores la comprobación de antecedentes. El juez del distrito de Berks, Victor Frederick, pidió que el estado considere la posibilidad de expedir permisos de conducir limitados por ocupación a determinados automovilistas cuyos permisos hayan sido suspendidos.
Schwank y Boscola estuvieron acompañados en la audiencia por los senadores Shirley Kitchen (D-Phila.), y Larrry Farnase (D-Phila.). Participaron en el debate:
- Vaughn D. Spencer, Alcalde de Reading
- Peggy Kershner, codirectora ejecutiva de los servicios previos al juicio de Berks Connections
- Janet Ginzberg, Abogada, Unidad de Derecho Laboral, Servicios Jurídicos Comunitarios, Filadelfia
- Dan McIntyre, Director Ejecutivo Adjunto, Junta Estatal de Libertad Condicional de Pensilvania
- James C. Young, Presidente del Comité de Justicia Penal, NAACP de Reading
- Hamid Chaudhry y Steve Elmarzouky, empresarios locales
- Rev. Sandra L. Strauss, Directora de Incidencia Pública, Consejo de Iglesias de Pensilvania
- Mark Mekilo, consejero jefe del senador Vince Hughes.
- Christopher Brader y Darryl Blackwell, residentes del condado de Berks.
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